Cuando
Venezuela ve inaugurado el siglo XX aún su semblante simboliza el pálido rostro
del atraso provocado por la ausencia de inversiones y las sucesivas décadas de
conflictos internos. Estamos en presencia de un país atascado en las
reminiscencias más lúgubres del decimonono, lugar aparentemente poco atractivo
para el gran capital. La república mantenía una cohabitación con las últimas
sombras caudillistas, hasta que un Cipriano Castro y luego su compadre Juan
Vicente Gómez terminarían por capitalizar el poder central, extinguiendo por
completo la estirpe de hombres de montoneras que habían llegado al poder luego
de la separación de la Gran Colombia y su sistema patrón-clientela.
El país
viviría durante más de dos décadas bajo el férreo control de Gómez y sus
«chácharos», suerte de policía política encargada de neutralizar a cualquier
conspirador. La muerte del «benemérito», suscitada según los registros
oficiales el 17 de diciembre de 1935, generó en Venezuela un impacto telúrico,
principalmente por la necesaria reconfiguración de la línea de mando político;
además de un llamativo despertar de eso que hoy podríamos denominar «sociedad
civil», y la puesta en marcha de una profunda revisión de las condiciones
generales del Estado.
Eleazar López
Contreras, quien se desempeñaba como ministro de Guerra y Marina, terminaría
siendo ungido como nuevo director de la orquesta llamada Venezuela. López
Contreras avanzó una serie de reformas que buscaron superar lo poco que se
había logrado en materia social. En este sentido, el período presidencial será
reducido de siete a cinco años, desaparecerá la reelección inmediata, la
Rotunda ‒cárcel símbolo del terror‒ terminaría convertida en escombros, se
promulga la Ley del Trabajo, se crean la Contraloría General y el Banco Industrial
de Venezuela. Todo ello en el marco del anunció de un plan de gobierno: el «Programa
de febrero» de 1936.
Aquel programa
político constituyó uno de los primeros proyectos de gobierno en la historia
política venezolana. Es un diagnóstico que logra identificar los diferentes
problemas que presentaba la nación, puntualizando seguidamente las vías para
superar los malestares que impedían direccionar la mirada hacia el horizonte
del tan ansiado progreso. Este moderno plan se enfocó en varios aspectos: régimen
de legalidad, higiene pública, vialidad, educación nacional, agricultura y
cría, inmigración, y la necesidad de un Banco Central.
La creación de
un Banco Central se había transformado en una de las metas fundamentales para
el nuevo gobierno. Protección a los depositantes y asegurar que los entes
bancarios respondiesen a la actividad comercial nacional se vislumbraban como
algunas de las virtudes del nuevo organismo bancario. El proyecto contó con un
significativo apoyo; no obstante, un grupo no menos numeroso expuso duras
críticas y resistencias por considerar perjudicial la centralización y
autonomía de semejante institución: la cruzada estuvo dirigida, en primera
línea, por los bancos privados, los cuales pensaban que perderían protagonismo
y el control de la actividad financiera nacional.
Hombres como
Alberto Adriani interpretaron el Estado como una estructura que debía ir más
allá del orden y la pacificación del territorio. Él consideraba prudente
enfocar los esfuerzos hacia la formación de un cuerpo moderno y transformador
por medio de sus instituciones y relaciones comerciales; vislumbraba con
anticipación la creación de un organismo bancario de estas características,
dando la interpretación de un Estado más activo en los asuntos económicos. El pensamiento
de Adriani no se diluiría con su temprana muerte (1898-1936): Manuel R. Egaña
(1900-1985), gran amigo del economista merideño, terminaría asumiendo la
responsabilidad de coordinar la creación de la nueva entidad.
Egaña se
incorpora con gran determinación en la organización institucional desde el
Ministerio de Fomento. Sus labores en esta cartera se verifican entre 1938 y
1941 (aunque ya venía desempeñando importantes labores en el Ministerio de
Hacienda), abarcando de esta manera el resto del período presidencial de
Eleazar López Contreras. El principal objetivo del ministro Egaña se
encontraba, precisamente, en la conformación de una institución bancaria de
alcance nacional, estructura inexistente en el país y sin lugar a dudas
necesaria para las aspiraciones de la construcción de un Estado moderno.
Para Egaña el
Estado debía representar un sistema sólido, de bases inexpugnables, ligeramente
interventor. Pese a ello, no se arrojaba a las brasas de un sistema absoluto;
buscaba, sí, una mayor participación en los asuntos económicos del Estado, pero
sin llegar a plantear el arbitraje estatal en dimensiones exageradas e
innecesarias, como en el régimen fascista que se abría paso en Europa.
Bajo su
apreciación, el Banco Central representaría una institución que podría
modificar en toda su dimensión la perspectiva del Estado, haciéndolo
protagonista y con plenas facultades constitucionales para influir en la
debilitada estructura institucional de la nación. No obstante, el éxito del
proyecto pasaba, principalmente, por la existencia de su propia autonomía; es
decir, su actuación debía ser total e inmediata: el triunfo o fracaso del Banco
Central de Venezuela se basaría, fundamentalmente, en su capacidad para
auxiliar y asesorar al Gobierno, siempre y cuando pudiese intervenir en las
diferentes operaciones de crédito tanto externos como internos. Todo lo
contrario convertiría a la institución en un organismo inoperante y carente de
sentido.
En su
descripción en torno a la importancia del Banco Central, Egaña expone algunos
factores que determinan la fortaleza del ente bancario. En primera instancia
destaca la facilidad y el bajo costo para las operaciones crediticias,
permitiendo una constante observación del mercado monetario mundial, lo cual
ayudaría al Gobierno al momento de tomar decisiones en torno a ese contexto;
simbolizando, al mismo tiempo, un pilar de cara a posibles empréstitos en el
exterior.
En su deseo
por convertir aquel naciente organismo en un espacio de gran alcance aprecia la
oportunidad de incluir un centro documental: Egaña entendía las instituciones
de forma global, las incorporaba al necesario proceso de transformación
cultural y académico que tanto requería el país. No solo fundó la Revista
de Fomento, sino que además cooperó en la organización de la
Biblioteca del Banco Central donando su acervo personal sobre economía y temas
inherentes a la Banca pública.
Por supuesto,
el Banco Central de Venezuela no es obra de un hombre; es un proyecto que
trasciende la individualidad. La decisión emana del «Programa de febrero», el
cual tampoco es una iniciativa exclusiva del presidente de la república; es del
ánimo de un grupo importante de venezolanos que visualizaron la necesidad de
este cuerpo bancario. En este sentido, podemos mencionar la actuación de Julio
Alvarado Silva, quien lleva el primer Proyecto Ley al seno del Congreso con el
respaldo de un nutrido grupo de parlamentarios. De igual manera, es importante
mencionar el rol desempeñado por Henrique Pérez Dupuy y sus orientaciones para
hacer posible el accionar del Banco.
Aunque el
objetivo de establecer una institución tan importante como el Banco Central de
Venezuela fue cumplido, el impacto del proyecto quizás no tuvo la resonancia o
contundencia desde el mismo inicio de sus funciones. Sin embargo, las
bases estaban ya en sus posiciones y sería cuestión de tiempo para observar con
satisfacción el resultado de aquello que lucía como un inalcanzable sueño. El
Estado moderno ‒entendido como aquel donde las instituciones con rango de
autonomía pueden obrar de forma coordinada por el bien de la república, sin
injerencias personalistas, arbitrarias y mezquinas‒ se había cumplido.
POR Luis Fernando Castillo Herrera
21/06/2024
Foto: Banco Central de Venezuela. Fotografía del Sistema Nacional de Museos
https://prodavinci.com/venezuela-y-el-sueno-de-un-estado-moderno/
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